La irresponsabilidad de los dirigentes sanitarios de la Generalitat, dejando a más del 90% de los miembros de la Guardia Civil allí destinados sin vacunar, ha tenido ya sus consecuencias: la unidad del GRS de Barcelona que hizo el relevo en la seguridad de la C.N. de Vandellos II está en cuarentena por positivo en Covid-19. En total 15 de los 17 agentes contagiados. Guardias a los que se les ha negado la vacuna a pesar de ser personal de riesgo al tiempo que si se estaba vacunando a todo el personal de los Mossos, de las policías locales y de la guardia urbana de Barcelona. Así mientras en estos últimos ya esta protegida el 80% de la plantilla, la Generalitat solo ha suministrado el antiviral a menos del 10% de los guardias civiles, a los que ahora si se está procediendo a vacunar por orden judicial.
Para AEGC con esta discriminación se ha expuesto no solo la salud de nuestros compañeros sino también la de sus familias, con quienes conviven y a los que cada día que salen a cumplir con su deber ponen en riesgo. Además desde AEGC señalamos al secretario de Salud Pública de Cataluña, por dejar indefensos a nuestros compañeros. Es el mismo que, tras la decisión judicial de obligar a la Generalitat a vacunar a los guardias, nos ha acusado de retrasar la vacunación de “gente de 70”. Desgraciadamente la realidad pone a cada uno en su sitio. Nosotros ni hemos puesto ni ponemos en riesgo la salud de ningún ciudadano, pero este “servidor público” si es el responsable máximo la discriminación que han sufrido nuestros compañeros exponiéndolos a la Covid 19.
Pero para AEGC esta irresponsabilidad, por parte de aquellos que deben velar por la salud de todos los ciudadanos con independencia de su profesión, también ha puesto en riesgo la seguridad de un enclave importante del país ya que toda la unidad ha tenido que ser puesta en cuarentena y ahora habrá que movilizar a otros agentes para que cubran el servicio. Agentes que deberían estar en otros cometidos y que ahora no podrán realizar.
La Asociación Española de Guardias Civiles junto a su gabinete jurídico va a valorar las consecuencias jurídicas de esta grave irresponsabilidad por parte de las autoridades catalanas y estudiará que medidas se pueden tomar para que los responsables respondan de estos actos.