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Madrid 2 de julio de 2022
En la lucha contra el terrorismo de ETA la Guardia Civil sigue haciendo su trabajo, no ha olvidado nunca que aún hay 379 asesinatos, atribuidos a esta banda criminal, sin esclarecer y por tanto sin recibir justicia y que muchos de estos son compañeros que fueron asesinados a manos de etarras. Ahora ha elevado un informe al titular del Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente se encuentra el juez Manuel García Castellón, con pruebas incriminatorias contra las cúpulas de la banda terrorista.
AEGC, que está personada como acusación particular en el caso contra Josu Ternera por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, siempre ha defendido que detrás de todos los atentados de ETA, resueltos o no, no sólo están los autores materiales. Detrás de estos crímenes hay unos autores intelectuales, que dieron la orden de cometer los asesinatos y que deben responder por estos asesinatos al igual que los que pusieron las bombas y apretaron el gatillo. Y esos autores intelectuales fueron los integrantes de sus diferentes cúpulas. Integrantes que el informe señala con nombre, apellido y alias: José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri; Mikel Albisu, alias Mikel Antza; Ignacio Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; y María Soledad Iparraguirre, alias Amboto. Las pruebas presentadas por la Guardia Civil los señalan a todos ellos como planificadores de los atentados, dirigiendo, gestionando y ordenando las acciones terroristas que acabaron con la vida de cientos de personas.
AEGC considera que ahora está en manos del juez Castellón que las víctimas de estos 379 asesinatos sin resolver encuentren algo de paz y justicia con el procesamiento de estos asesinos como responsables últimos de estos crímenes sin resolver. Porque mientras haya una sola víctima sin recibir justicia no se podrá cerrar la herida que ETA ha dejado en nuestra sociedad. Además no podemos olvidar que hace solo unos meses el Parlamento Europeo recomendaba calificar los asesinatos de ETA como crímenes contra la Humanidad. Su Comisión de Peticiones aprobó un informe no vinculante sobre estos 379 asesinatos sin resolver para los que ha reclamado que se siga investigando hasta que se pueda ofrecer a las familias de las víctimas el esclarecimiento de los atentados.
